SANEAMIENTOS POR CONTRATISTAS DE BIENES NACIONALES

Texto tomado del sitio SURDESARROLLO

JustoContacto
Corrupción silenciosa: Saneamientos por contratistas de Bienes Nacionales
Enviado por Justo el 27/06/2009 a las 11:37 PM

Hay ciertos tipos de corrupción y fraude en Chile que nadie advierte: no venden en medios de comunicación y ocurren subrepticiamente en zonas aisladas del territorio. Se trata de "saneamientos" de predios de difícil acceso, rurales o en propiedades cuyos dueños han fallecido sin que sus herederos hayan tomado posesión de ellos. Todo sucede bajo el amparo y con ayuda de contratistas de Bienes Nacionales y el Decreto Ley 2.695.



Mucha gente objeto de este fraude no se entera sino hasta cuando va al Conservador de Bienes Raíces a pedir copia de su título y le dicen que su inmueble ya no es suyo, pues un "tercero" obtuvo a su favor una resolución de Bienes Nacionales.

La respuesta de seguro será: "no es culpa nuestra, reclame ante Bienes Nacionales". Si le queda energía y sigue el consejo la respuesta en Bienes Nacionales será: "se presentó don José Ajenjo quien dijo ser dueño y vivir en su propiedad por 5 años y cómo usted ni nadie reclamó, dictamos un decreto que hace a don José propietario de su predio, gracias por preferirnos".

Una ley altamente rentable en votos

Así el Gobierno en cada elección obtiene muchísimos votos, pues utilizando únicamente inmuebles de privados -el DL 2.695 no permite sanear bienes fiscales- convierte a personas inescrupulosas en propietarios, muchos de los cuales ni siquiera vivirán en esas propiedades sino que luego las transferirán a otros por lucro.

Negocio redondo: adhesión popular a costa de quienes trabajaron años para comprar un predio y tienen -tuvieron es el tiempo correcto- un título inscrito a su nombre.

Si tiene recursos económicos podrá recurrir a sofisticados servicios legales, que si son efectivos, le costarán otro inmueble pero verán sus resultados sus nietos, si pretende recuperar la propiedad ante los tribunales.

Si usted es propietario de una parcela de agrado comprada para sus nietos o reside fuera de Chile o es extranjero enamorado de la vista de un volcán y compró un terreno pero no vive allí, preocúpese. Será víctima de un "saneamiento" amparado por "el decreto ladrón" (DL 2.695).Para protegerse de esta injusta situación, usted es quien deberá gastar dinero en cercar, abogados, topógrafos, arrieros e inquilinos para cuidar lo que algún día le dijo un corredor de propiedades que bastaba proteger con un título inscrito, como se hace en los países desarrollados.


Historia de la corrupción silenciosa.


El DL tuvo intenciones loables que hoy no se justifican. Pero por razones populistas los Gobiernos comenzaron a desvirtuar una política que buscaba la regularización de la pequeña propiedad rural, de aquellos campesinos que jamás firmaron una escritura por no saber leer ni escribir, que no poseían un título pero vivían efectivamente en pequeñas parcelas por generaciones, cuando el régimen de la propiedad tenía vacíos y faltaba muchos por registrarlas en zonas en las cuales no había Conservador de Bienes Raíces.

Una ley multiplicadora de votos

Poco a poco, algún astuto político advirtió que "blanquear" propiedades a costillas de projimo capturaba votantes de zonas rurales. Así, el Estado aparecía otorgando "títulos gratuitos para la gente". En realidad, señalan los afectados, no es más que una expropiación amparada por ley.


Al mismo tiempo, otros igual de pillos, descubrieron que era muy fácil hacer del saneamiento una verdadera empresa inmobiliaria bastando para ello presentar ante Bienes Nacionales testigos falsos, documentos alterados, fotocopiados o derechamente truchos, planos inexistentes que difícilmente son revisados por los escasos funcionarios que fiscalizan.

Ante las denuncias, en Bienes Nacionales guardan silencio pues a dicha entidad sólo le interesan los números de títulos otorgados que año a año van engrosando los programas y metas de gobierno que se exhiben como equivalente a una solución a la compra de un predio rural que el Estado no puede financiar.

De esta forma opera un procedimiento poco transparente e injusto por el cual el solicitante publica la resolución que lo hará propietario, a costa del projimo, en el Diario Oficial o en períodico local en una sección que nadie lee, pues se trata de un "extracto" de no más de 30 palabras. En la resolución se "notifica" al público que una propiedad está siendo "saneada".

Pocas veces le llegará una carta a su domicilio ni menos un funcionario a avisarle o explicarle cómo debe defenderse. Por el contrario, Bienes Nacionales asesora al solicitante con dineros pagados con sus impuestos.


Basta que el solicitante declare "bajo juramento" que ha vivido en su inmueble por 5 años y que no hay un juicio pendiente en el cual se discute el dominio de la propiedad.


El outsoucing de Bienes Nacionales

Si el solicitante no es de una persona de extrema pobreza, puede contratar en forma particular el servicio de contratistas autorizados por Bienes Nacionales para llevar a cabo los trámites, inscritos en un Registro Nacional. Algunos ejercen dicha actividad de forma monopólica como es el caso de la Región de Aysén con la contratista Terra Patagonia Ltda. En la Sexta Región hay sólo dos empresas: Inderco Ltda y Jorge Toledo Cornejo, quienes se reparten dicha vasta región en norte y sur, para cada uno.

El sistema de contratistas permite a Bienes Nacionales desligarse de toda responsabilidad ulterior. Pero "los fraudes inunden en los próximos años los juzgados de garantía del país", dice un abogado quien conoce bien el efecto amplificador de este fraude.

Por otra parte, señalan funcionarios honestos de Bienes Nacionales, "nosotros no creamos la enfermedad sólo administramos la gestión de una ley creada en el Gobierno Militar. Carecemos de recursos para entregar un remedio" se defienden ante las denuncias de fraude.

El "blanqueo" de títulos de propiedad ajenos



En teoría, los contratistas, deben elaborar oficios al SII, Registro Electoral y Registro Civil y "notificar" a la persona a cuyo nombre se encuentre enrolado el inmueble a regularizar.Si la persona está fallecida será muy fácil burlar la ley.


Se supone que el contratista debe verificar acuciosamente la correspondencia del rol matriz que consta en el expediente con el rol que realmente corresponda al inmueble y que figura en el SII pero basta que argumenten en su informe que la persona a cuyo nombre aparece el rol "no ha sido habida" como frecuentemente ocurre, pues claramente en predios, parcelas de agrado, fundos y retazos de estos, mucha gente no los habita por diversas razones.

El contratista debe constatar en terreno el cumplimiento de los requisitos exigidos por el D.L. 2.695. Pero basta que el contratista sepa que el verdadero dueño no aparecerá, como es el caso de muchos extranjeros, para emitir un informe favorable al solicitante, a la vez, su cliente.


De los resultados de la constatación, informan en un documento el cual muchas veces no supera 2 páginas y es un "copy paste" de informes anteriores.

Lo más irregular es que sus servicios son completamente pagados por los mismos solicitantes, tema no cuestionado por el Estado pues es un mecanismo como anillo al dedo fiscal: inmuebles de privados y costos a cargo de quien saneará, que le significará entre quinientos a setecientos mil pesos los trámites que rentabilizará cuando venda la propiedad.

Luego de saneada la propiedad -y transcurrido el plazo de un año desde la dictación de la resolución de Bienes Nacionales-, se "blanquea" el título, es decir, desaparece la inscripción del afectado, quien se entiende que jamás fue dueño. Una verdadera amnesia jurídica.


Este mecanismo criollo es imposible de encontrar en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) a la cual Chile aspira ingresar. Ante situaciones similares los saneamientos tienen objetivos concretos de colonización en áreas territoriales acotadas, con procedimientos rigurosos y los solicitantes sólo pueden contratar a auditores independientes, pagados por el Estado, que certifican lo que es o no cierto, y en caso contrario, están sujetos, a su vez, a sanciones y multas si se falta a la verdad, junto a la exigencia de seguros contra terceros por los perjuicios.

Pero en Chile existentes historias de guión de película en las cuales personas se hacen pasar por indigentes o de etnias indígenas, como el caso de los ocupantes y taladores de Punta Capitana de la Cordillera de Sarao en la Comuna de Fresia, que fueron apoyados por un ex Senador DC, de dicha Región, en los cuales muchos de los solicitantes pedían sanear extensas zonas de tierras en dicha Cordillera pero vivían en Santiago.

El problema dicen los que conocen éste caso, es que no hay ningún control real y sólo se trabaja con hipótesis y sin cartografía pues "no existen mecanismos de fiscalización efectivos para llegar hasta la montaña y verificar quien vive".


Asimismo, el contratista teóricamenete debe reunir todos los antecedentes (declaraciones de testigos, planos, fotografías) que permitan verificar acuciosamente que la posesión "material " o efectiva del solicitante existe, pero en la práctica estos son otorgados por el mismo solicitante, quien puede contratar a testigos falsos, adulterar fotos y planos que nadie revisa en las oficinas de Bienes Nacionales.



Si un contratista se pone exigente o comienza a rechazar antecedentes truchos pierde sus clientes, como ha ocurrido con contratistas honestos que han salido del mercado. Así, contratistas que conocen todos los resquicios, son los que se mantienen en el negocio.

Al solicitante no se le asigna un contratista por sorteo previamente por Bienes Nacionales sino que es libre de elegirlo en la Región que opere. Muchas opciones no hay como lo investigamos en los casos de la VI y XI Regiones. Muchos contratistas "maquillan" -como se dice en la jerga- informes para que no sean objetados por los escasos funcionarios a cargo en Bienes Nacionales.

Es muy común que alcaldes, funcionarios de alto rango o senadores, como el caso del ex senador Sergio Páez, llamen a funcionarios para insistir en que se aprueben los saneamientos sin objeciones para mantenerse en campaña con éxito.


Abusos cometidos frente a las narices de Bienes Nacionales

Uno de los casos más inauditos que conocimos fue el producido en Rancagua, ciudad en la cual, su SEREMI de Bienes Nacionales autorizó por "error" involuntario, más de 35 hás de un predio inscrito en la comuna de Coltauco que estaba inscrito a nombre de una persona fallecido que había sido expropiado durante la reforma agraria, operación de cuello y corbata liderados por la empresaria María Elliz Delgado Bórquez y el contratista Jorge Toledo Cornejo. La "humilde" solicitante es nada menos que socia de INMOBILIARIA SAN MATÍAS LTDA que tiene un capital societario de 360 millones de pesos (cl).
Dicha mujer haciendo abuso del D.L. 2.695 obtuvo varias hectáreas con ayuda del contratista para luego de haber obtener el decreto de regularización, vender dichas hectáreas a empresarios y agricultores por altas sumas de dinero. El contratista Jorge Toledo sigue operando con Bienes Nacionales y nunca ha sido objeto de una investigación, según señalan fuentes cercanas al caso.

En este caso, la mujer tuvo la osadía de presentar fotocopias ilegibles de escrituras, jamás autorizadas por notario público en las cuales presuntamente los herederos del difunto le habían decido los derechos sobre el predio a su marido, cuestión que nunca se probó. Los antecedentes fueron enviados a la Contraloría. El modus operandi descrito no es distinto a otros casos en los cuales los contratistas proponen a “clientes” (solicitantes), predios deshabitados o aquellos expropiados pero en proceso de devolución, o con deslindes confusos, priorizando tierras de alta plusvalía.

Situaciones similares han ocurrido en saneamientos en Angosturilla, Copequén y Coinco, Sexta Región, caso que derivó en una investigación a cargo de la Fiscalía de Rancagua en el año 2003.

Además, han sido denunciado saneamientos en la Cordillera de Sarao que también fueron investigados por la Fiscalía de Puerto Montt; y está el caso del sector Los Sauces de Llano, en el cual se “regularizó” a través de Bienes Nacionales en Concepción, inmuebles con planos y títulos debidamente inscritos y vigentes a nombre de sus propietarios, utilizando el artilugio de indicar a la autoridad que se pretendía regularizar un predio denominado Colliguay, cuando en realidad lo que regularizaron fueron parcelas del sector Los Sauces del Llano, todo ello con adulteración de deslindes y coordenadas UTM.

Uno de los aspectos más insólitos del DL 2.695 es que quien haya saneado un inmueble puede seguir saneando otros, pues no hay límite alguno, salvo en cuanto la superficie a pedir que se calcula en UTM. Un resquicio legal recurrido es pedir varias solicitudes conjuntas para abarcar mayor superficie.

Parece que nadie responde cuando se intenta poner el dedo en la llaga incluso con cartas a la Ministro Romy Schmidt (PPD) -casada con el diputado Antonio Leal- autoridad quien se excusó de responder el caso de Coltauco ante una denuncia escrita y solicitud de entrevista.

Bienes Nacionales sabe que tiene una bomba de tiempo pero descanza en que ni al Ejecutivo ni al Congreso les es rentable electoralmente derogar el DL 2.695. Por ahora. Mientras el escándalo no reviente y un inversionista extranjero afectado por el "decreto ladrón" no decida llevar el caso ante el CIADI, como ha ocurrido en otros países por inversionistas inmobiliarios ante legislaciones expropiatorias similares.

NOTA DEL EDITOR DEL BLOG:

Hemos encontrado recién ahora este extraordinario y bien informado artículo que da cuenta de la corrupción de los CONTRATISTAS que trabajan para el MINISTERIO DE BIENES NACIONALES DE CHILE.
Por su enorme y certera valía lo hemos reproducido y felicitamos a su autor y al sitio -SURDESARROLLO- que lo publicó.